La Delegación Provincial de Cultura ya ha avalado que el muro del cementerio de San José de Granada, donde fueron fusiladas más de 3.900 personas durante la Guerra Civil, debe ser protegido y ha preguntado a la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería si podría ser declarado 'lugar de memoria'.

Esta figura está contemplada en el borrador del decreto de desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, por lo que la Delegación ha pedido a la Consejería que le aclare si esa protección entrará próximamente en vigor, ya que entiende que sería la mejor forma de conservación del lugar.

Así lo señaló el delegado provincial de la Consejería de Cultura, Pedro Benzal, quien explicó que los técnicos ya han redactado un informe recomendando la protección de la tapia, después de que la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica (AGRMH) haya documentado que en ella fueron fusiladas 3.970 víctimas.

"Creemos que debería ser declarado lugar de memoria y hemos dado el visto bueno a que el lugar sea protegido, porque vemos positiva la solicitud para hacerlo de la asociación, pero nuestra pregunta a Sevilla va en el sentido de si debemos ahora otorgarle una figura de protección que ya existe o esperarnos a que ésta sea contemplada en la ley", explicó el delegado.

Fue el pasado 26 de mayo cuando la asociación entregó a Cultura un informe detallado sobre las 3.970 víctimas de la Guerra Civil que fueron fusiladas en la tapia. Del total de víctimas documentadas, 594 se enterraron en el camposanto granadino como desconocidas, sin nombre y apellidos, sólo con referencias al sexo y la edad, según los datos recogidos por el historiador y vicepresidente de la asociación, Rafael Gil Bracero, fundamentalmente del Registro Civil de Granada, pero también de los consejos de guerra, diligencias militares y de archivos locales. El 90 por ciento de los fusilados lo fueron en años de guerra, entre 1936 y 1939, si bien se registraron más muertes en la tapia en el año 1956, fecha en la que está documentada la última víctima.

En la entrega del listado, Gil Bracero insistió en que probablemente en el cementerio fueron fusiladas muchas más personas de las que hoy se tiene constancia, puesto que la documentación al respecto, como los libros de enterramiento, ha sido "esquilmada" o "destruida".

La intención de la asociación con la aportación a Cultura del informe histórico entregado, según explicó a los periodistas su presidenta, Maribel Brenes, es que la Junta de Andalucía proteja por un lado el muro del cementerio, donde aún pueden verse los disparos de las armas del pelotón de fusilamiento, y, por otro, se recuerden los nombres de las víctimas, dentro de los propios muros del camposanto, descartándose la exhumación de los casi 4.000 fusilados en el lugar.

Se pretende así que "la sociedad granadina" haga un "esfuerzo" para dignificar el muro y a las personas que en él fueron fusiladas "para que ese luto suspendido pueda tener la paz que se le negó", agregó por su parte Gil Bracero.

Una de estas víctimas fue el concejal socialista Juan Fernández Rosillo, de la corporación municipal del 1936 de la que era alcalde el también fusilado Manuel Fernández-Montesinos. Gabriel Fernández Valladares, su hijo, que ya tiene 80 años, relató el pasado 26 de mayo que su familia lleva muchos años de "silencio" y tuvo que soportar la incautación de sus bienes porque su padre, según recogió el Boletín Oficial de la Provincia, era un "individuo culpable de actividades marxistas o rebeldes".

Gabriel conserva tres piezas dentarias de su padre, que su hermano arrancó de su cadáver cuando fue fusilado en el cementerio. "Un enterrador, al que llamaban el Borracheras, le dijo a mi madre dónde fue enterrado, y otro hombre, del pelotón de fusilamiento, que había sido compañero de mi padre como impresor, también dijo dónde se encontraba", explicó Gabriel, que ha tenido toda su vida la "ilusión" de poder dignificar el nombre de su padre.